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9-N: Al final, pantomima, con una consulta organizada por asociaciones civiles y no la Generalitat

La Nube / 7 noviembre 2014

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo ayer que el Gobierno no acudirá al Tribunal Constitucional si la Generalitat de Cataluña no promueve actuaciones en el desarrollo de la consulta alternativa del próximo domingo. En rueda de prensa al término de la Conferencia Sectorial de Justicia, Catalá respondió así tras ser preguntado sobre la posibilidad de que la votación de la consulta se produzca en la calle y no en colegios u organismos dependientes del Gobierno catalán.

Mossos de Esquadra con la senyera catalana (Foto Generalitat)

«Si el Gobierno de la Generalitat no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, no parece que sea necesario requerir ante el Constitucional ni a los jueces y tribunales para actuar, porque no hay infracción del ordenamiento jurídico», explicó el ministro. No obstante, el titular de Justicia también subrayó que si la Abogacía del Estado y la Fiscalía observasen que se está vulnerando la ley «se promoverá la actuación que corresponda».

Ante la denuncia de la Generalitat de que el recurso del Ejecutivo ante el Constitucional impide la libertad de expresión, Catalá destacó que dicho ejercicio «nadie va a impedirlo» porque, según explicó, «en una sociedad democrática como la española, cada día hay movimientos populares y recogidas de firmas». «Lo que estamos poniendo de manifiesto desde hace meses es que un Gobierno no puede promover una consulta contraria a la Constitución».

Por su parte, la Delegación del Gobierno en Cataluña ha enviado una carta a directores de cerca de 3.700 colegios públicos docentes catalanes, en la que recuerda «la importancia del necesario y debido cumplimiento» de las resoluciones del Constitucional ante el próximo 9 de noviembre. La delegada del Gobierno, Llanos de Luna, también ha enviado sendas cartas a la vicepresidenta y a la consejera de Enseñanza del Gobierno catalán, en el sentido de recordarles la importancia de que no contravengan la decisión del Constitucional de admitir a trámite la impugnación del Gobierno al «proceso participativo» del 9-N.

Los periódicos también informan de que los Mossos d’Esquadrá estarán en máxima alerta el 9-N y desplegarán por toda Cataluña a un total de 6.992 agentes, en un dispositivo que estará dirigido en el Centro de Coordinación por el conseller de Interior, Ramón Espadaler, y por la cúpula de la policía catalana. Los casi 7.000 agentes tendrán como misión garantizar la seguridad ciudadana. Ramón Espadaler señaló ayer que los agentes que forman parte del dispositivo, en su calidad de policía judicial, acatarían una eventual orden de jueces o fiscales para retirar las urnas, «como no puede ser de otra manera».

EL PAÍS, bajo el titular: «Los fiscales catalanes, inquietos por la falta de instrucciones ante posibles denuncias», señala que no han recibido ninguna instrucción ni orientación de la Fiscalía General del Estado ante la posibilidad de que el mismo domingo se presenten denuncias que intenten parar la votación.

EL MUNDO destaca que «el nacionalismo refuerza la propaganda y la presión ambiental a tres días del 9-N, detallando que activistas reparten panfletos y voluntarios animan y dan indicaciones por teléfono desde «un gran centro de llamadas de la ANC», desde donde «se pide de forma acuciante que vayan a las urnas el domingo».

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(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)