Artur Mas, a juicio ahora por desobediencia y prevaricación pero no por malversación

La Nube / 14 octubre 2016

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó ayer enviar a juicio al expresidente catalán Artur Mas y a las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega por desobediencia grave y prevaricación y descartó imputarles un delito de malversación, el único que acarrea penas de cárcel.

Artur Mas (Foto CiU)

El magistrado José Francisco Valls insiste en su auto en que los hechos a juzgar son las decisiones del Govern encaminadas a mantener la celebración del 9-N a partir del 4 de noviembre de 2014, cuando el Tribunal Constitucional acordó suspender la consulta soberanista. En este sentido, el juez razona que los servicios que la Generalitat encargó a contratistas privados para la celebración de la consulta, que ascendían a 4,7 millones de euros, se realizaron «con anterioridad a la suspensión».

En el auto, el magistrado sostiene que Mas «articuló una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión acordada por el Constitucional, «amparado simplemente en su voluntad, que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad». Para el juez, «lejos de ser interrumpida, la utilización de instrumentos y procedimientos públicos continuó, si bien se mantuvo convenientemente en segundo plano, de forma que de cara al exterior la apariencia fuera de un proceso exclusivamente gestionado por ciudadanos voluntarios».

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, consideró ayer una «decisión previsible pero errónea», el juicio a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta soberanista. En su opinión, supone «una rareza democrática» y advirtió de que «habrá respuesta».

Por su parte, la vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, advirtió de que, pese a la «persecución» judicial, Cataluña «no renunciará» a votar si quiere o no marcharse de un Estado que, según ella, tiene «fobia a la democracia».

Por otro lado, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, firmó ayer el acuerdo para la tramitación del suplicatorio contra el exconsejero Francesc Homs por los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación en relación con el 9-N. El escrito se envió después al Congreso para que dé vía libre al proceso judicial.

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(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)