Artur Mas tendrá que hacer frente al coste de la consulta del 9-N

La Nube / 20 julio 2017

El Tribunal de Cuentas decidió ayer continuar con el juicio contable al expresidente de la Generalitat Artur Mas por la consulta del 9-N. Tanto Mas como los exconsejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega están siendo investigados para determinar si tienen responsabilidad en el gasto de más de 5 millones de euros de dinero público para celebrar la consulta del 9-N.

Artur Mas (Foto Generalitat)

La consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante ha redactado dos autos en los que, tras analizar las denuncias presentadas, concluye que hay indicios de responsabilidad contable en la actuación de los citados dirigentes independentistas. En uno de los autos, Mariscal de Gante resuelve que sí cabe aceptar la personación en estas diligencias de la Abogacía del Estado, a lo que la Generalitat se opone.

Los trámites tienen relación con la denuncia interpuesta por Sociedad Civil Catalana, Acción Cívica y Cultural y Abogados Catalanes por la Constitución en la que señalan que se destinaron indebidamente 5,1 millones de euros.

Por su parte, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dejó claro que la Fiscalía perseguirá penalmente la compra de urnas para el referéndum catalán, tanto si se hace públicamente como si se hace de manera encubierta, porque, a su juicio, constituiría un delito de malversación. Además, reconoció que, de celebrarse el referéndum, habría que estudiar si los voluntarios que participen en su organización estarán incurriendo en delito o no.

Tras conocer la decisión del Tribunal de Cuentas y las declaraciones de Maza, el conseller de la Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, acusó al Gobierno de echar «gasolina al fuego», pero advirtió de que la reivindicación del referéndum es un «tsunami democrático» y el agua «no se puede frenar». Turull añadió que si por 5 millones, «que toca a menos de un euro por catalán», se va a frenar la independencia, «es para echarse a reír».

En esta línea, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, dijo que perseguir el patrimonio de los responsables de la consulta no frenará el referéndum del 1 de octubre y aseguró que habrá urnas aunque «el precio sea de cinco millones de euros». Junqueras acusó al Gobierno de «estar actuando fuera de la ley» y al margen de la legalidad internacional al usar «las cloacas del Estado» en contra de las instituciones democráticas catalanas.

Para Artur Mas, la actuación del Tribunal de Cuentas es «insólita e impresentable». Aseguró que no tiene el «dinero suficiente» para hacer frente a esa condena, y añadió que esto demuestra que «España es un Estado de no derecho», ya que la gente que hizo el 9-N ya fue juzgada y condenada una vez por la vía penal, pero fue absuelta del delito de malversación de fondos públicos. «¿Ahora nos quieren volver a juzgar por algo que ya ha sido juzgado?», enfatizó.

El PDECat ha pedido la comparecencia en el Congreso del presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, para que explique su «acción arbitraria» contra el expresidente catalán Artur Mas y los exconsejeros Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs.

(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)