Bajas médicas e incapacidad temporal: novedades legales tras el decreto del Gobierno

La Nube / 19 julio 2014

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley que reforma las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y el Real Decreto de la gestión de la incapacidad temporal.

Trabajadores (Foto: Ministerio Empleo)

A partir de ahora, las mutuas podrán actuar desde el primer día de la baja laboral y, aunque no tendrán la potestad de firmar altas, podrán hacer propuestas motivadas de alta médica a la inspección médica de los Servicios Públicos de Salud si consideran que el beneficiario no está impedido para el trabajo. Esta propuesta deberá ser contestada en cinco días y si se deniega el alta, la mutua podrá solicitarla al INSS, que deberá contestar en un plazo de cuatro días. Por otra parte, la nueva norma regula expresamente la posibilidad de suspender la prestación cautelarmente cuando el trabajador no se presente a un reconocimiento médico y si en cuatro días no justifica la ausencia, se extinguirá la baja.

Esta ley extrema los controles sobre el funcionamiento de las mutuas, que gestionan unos 10.000 millones al año en cotizaciones sociales y se encargan del 80% de los casos de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral. Así, se establecen las funciones de presidentes y gerentes, así como cargos, sueldos y contratos. El sueldo máximo anual del gerente será de 160.000 euros. Además, la ley aprobada ayer limita las reservas que las mutuas pueden acumular gracias a los excedentes de cotizaciones que logran con la gestión de bajas y accidentes de trabajo, lo que permitirá inyectar a la Seguridad Social más de 2.000 millones de euros.

Por su parte, el decreto sobre incapacidad temporal cuantifica en unas tablas, de manera orientativa, el periodo de baja según la enfermedad y establece nuevos plazos para la remisión de los partes a la empresa. Así, en bajas de hasta cinco días se podrá expedir el parte de baja y de alta en la misma visita; entre 5 y 30 cada 14 días; entre 31 y 60 cada 28 días y en procesos de larga duración el parte se presentará cada 35 días.

El Ejecutivo espera obtener un ahorro de 500 millones de euros en bajas laborales, cuyo gasto anual es de cerca de 3.900 millones. La agilización de plazos y simplificación de trabas y desplazamientos permitirá un ahorro de más de 1.300 millones, según fuentes de la Seguridad Social.

Los sindicatos rechazaron el proyecto de ley y reclamaron su retirada. Para CCOO, las modificaciones «se apoyan en criterios economicistas apartando de las prioridades la recuperación de la salud de los trabajadores». Según UGT, «las mutuas se convierten en policías y fiscales de los trabajadores y de los médicos de los servicios públicos de salud».

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(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)

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