Condenas de hasta 3 años a los que protestaron en el Parlament catalán en 2011

La Nube / 18 marzo 2015

El Tribunal Supremo revocó ayer la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió a los autores del asedio al Parlamento catalán el 15 de junio de 2011 e impuso una condena de 3 años de prisión a 8 de ellos por un delito contra las altas instituciones del Estado.

El Tribunal considera que los argumentos de la Audiencia que sirvieron para la absolución alteraron «las claves constitucionales que han de presidir la tarea jurisdiccional de ponderación», y apuntan que la sentencia incurrió en «una errónea y traumática desjerarquización del derecho constitucional de participación política a través de legítimos representantes en el órgano legislativo, que, pese al esfuerzo argumental empeñado, se aparta de las claves definitorias de nuestro sistema».

La sentencia, que no altera el relato de los hechos sino la calificación de los mismos, considera que el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de reunión no pueden operar como elementos «neutralizantes» de otros derechos y principios indispensables para la vigencia del sistema constitucional. «Paralizar el trabajo ordinario del órgano legislativo supone afectar no ya el derecho fundamental de participación política de los representantes políticos y, en general, de los ciudadanos catalanes, sino atacar los valores superiores del orden democrático.

Según el Supremo, las conductas sancionadas encajan en el artículo 498 del Código Penal porque los acusados contribuyeron con su acción a reforzar la violencia e intimidación sufrida por los diputados autonómicos, impidiéndoles el normal desarrollo de sus respectivas funciones representativas. La sentencia cuenta con el voto particular del que había designado como ponente, Perfecto Andrés, que comparte los argumentos de la Audiencia.

La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, dijo que acata la sentencia del Supremo y que la ve «más adecuada» a los hechos que la emitida por la Audiencia Nacional por lo que comportaron de grave ataque a la máxima institución representativa de los catalanes». De Gispert mostró su «respeto» por la valoración que puedan hacer los grupos parlamentarios, «como fiel reflejo del pluralismo del Parlament». El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, sostuvo que la sentencia del Supremo «concuerda con el sentimiento mayoritario del pueblo de Cataluña».

El portavoz del PSC, Maurici Lucena, subrayó su respeto por «todas» las sentencias judiciales «sin excepción», máxime ante unos hechos que son de «una gravedad importante». Desde el PPC Pere Calbó valoró positivamente la sentencia y dijo que «cualquier ataque a la democracia merece una respuesta contundente del estado de Derecho». Carina Mejías, de Ciutadans, señaló que los hechos «excedieron todos los límites» y requería una «respuesta» de las autoridades.

El portavoz adjunto de ERC, Pere Aragonés, apuntó que su partido «no está de acuerdo» con la sentencia al considerar «desproporcionadas» las penas impuestas. Desde ICV-EUiA, Dolors Camat, también consideró «desproporcionada» la sentencia y «una consecuencia directa del recurso interpuesto por la Fiscalía, el Govern y el Parlament». El diputado de la CUP Quim Arrrufat mostró su «profunda indignación» y rechazó que en la sentencia «se haga justicia o que suponga una defensa de la soberanía del Parlament».

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(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)

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