Denuncian que la etarra Ines del Río ha sido puesta en libertad de forma injusta e inadecuada

(Nota de prensa) / 24 octubre 2013

La asociación Dignidad y Justicia quiere expresar su clara adhesión a la concentración que tendrá lugar el próximo domingo 27 de octubre a las 13:00h en la Plaza de Colón de Madrid para manifestar nuestro absoluto desacuerdo con la actuación de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Judicial y Legislativo y su complicidad en la puesta en libertad de la etarra Inés del Río.

Por mucho que el Presidente del Gobierno haya dicho que comprende a las víctimas y que ha “hecho todo lo posible”, hay que explicarle que no es así. El Ministerio Fiscal que depende orgánicamente del Ministerio de Justicia y, por tato, del Ejecutivo, no se quejó ni manifestó desacuerdo alguno con el auto de la Audiencia Nacional que puso en libertad indebidamente a la etarra Ines del Río. De hecho, la Fiscalía apoyó un auto que presumiblemente roce la ilegalidad puesto que, desde esta asociación, entendemos que no es el procedimiento correcto ni regulado para la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Además, el “supuesto” defensor de la legalidad, es decir, la Fiscalía, tenía que haber sido quien interpusiera el escrito a la Sala de lo Penal para la puesta en libertad de Inés del Río y no la Audiencia Nacional a “motu proprio” ya que las sentencias del TEDH condenan a los Estados miembros y es el Ministerio Fiscal, en este caso, el encargado de iniciar el procedimiento jurídico de excarcelación. De esta forma el Gobierno se “lava las manos”, tal y como hizo Pilatos con Jesucristo, y así derivar la responsabilidad en el Poder Judicial, en la Audiencia Nacional.

Ahora vienen tiempos en los que algunos se “rasgan las vestiduras” con lasvíctimas del terrorismo, como si no supiéramos que se trata de una clara fingida indignación. Es más incierto aún que el Ministerio de Justicia no hubiera podido hacer más para retrasar la salida de la etarra Inés del Río, por cuanto, la Abogacía del Estado tendría que haber solicitado información al Consejo de Estado o/y al Comité de Ministros del TEDH para que le explicara el procedimiento exacto de puesta libertad de esta etarra, ya que en España no existe una Ley Orgánica que lo lleve a cabo.

Ni el Ministerio Fiscal ni la Abogacía del Estado han hecho correcta y escrupulosamente su trabajo en el asunto Del Rio Prada, instituciones de un Gobierno que se ha puesto de “perfil” para evitar el enfrentamiento directo . Pero esta vez, nos afecta a las víctimas del terrorismo en el alma y corazón y no podemos quedarnos esperando que ese ”perfilismo” de unas instituciones del Gobierno ponga en libertad a decenas de asesinos múltiples en la calle pudiendo evitarlo. Por esta razón hay que denunciarlo el próximo domingo en la Plaza de Colón.

Por otro lado, indignante y más que dudosa es la decisión judicial del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que es capaz de dejar en libertad a una asesina en serie, sin siquiera fundamentar jurídicamente un auto que no se basa en ningún artículado de Ley Orgánica alguna, sino exclusivamente en jurisprudencia de hace más de 20 años y aplicada por tribunales diferentes al de la Audiencia Nacional.

No podemos dejar de lado al Poder Legislativo quien, desde sus escaños del Congreso aún mantiene vigente la autorización que esta institución aprobó para que el Gobierno pueda negociar con la banda asesina ETA. Por esta razón, solicitamos por enésima vez que se vuelva a votar en el Congreso para derogar esta autorización que sigue vigente por mucho que algunos se empeñen en decir que está derogada por su inaplicación. La única forma de derogarla es votar en contra como ya se hizo a la inversa en 2005.

Por todo ello, solicitamos:

– Al Ejecutivo solicitamos que anuncie públicamente que la Abogacía del Estado se va a personar en los más de treinta procedimientos de demandas de miembros de ETA contra el Estado Español para evitar las excarcelaciones en cascada.

– Al Ejecutivo que ponga todos los mecanismos legales oportunos para que el Ministerio Fiscal analice caso por caso de los terroristas y
asesinos a los que se le ha aplicado la Doctrina Parot, solicitando los informes oportunos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre la redención de condenas de cada uno de los presos y si se ha aplicado conforme al Reglamento Penitenciario.

– Al Poder Judicial, concretamente a la Audiencia Nacional, que se preocupe de resolver los 349 casos de asesinato de ETA sin autor conocido o resueltos completamente, ya que lleva más de 30 años sin resolver ninguno de ellos y, por el contrario, ha dejado en libertad a una terrorista de ETA en pocas horas después de que se publicara una sentencia del TEDH no vinculante al ordenamiento jurídico español.

– Al Poder Judicial, concretamente a la Audiencia Nacional, que se preocupe de estudiar los mecanismos oportunos de puesta en libertad de Inés del Río pues existen seria dudas sobre la legalidad del auto de excarcelación de Inés del Río Prada.

– Al Poder Legislativo para que estudie la forma más adecuada a través de Ley Orgánica de incorporar las sentencias de Estrasburgo al ordenamiento jurídico español ya que a día de hoy no existe instrumento alguno para hacerlo.

(Nota de prensa Dignidad y Justicia)