El Gobierno avisa a Artur Mas: si quiere negociar, debe antes retirar la consulta

/ 13 abril 2014

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, afirma en una entrevista concedida a EL MUNDO que «Cataluña es una cuestión capital y uno de los principales problemas que tiene en estos momentos España».

Jorge Fernández Díaz (Foto Moncloa)

Jorge Fernández Díaz (Foto Moncloa)

«La consulta no se va a celebrar y eso está fuera de toda duda porque es inconstitucional», señala el ministro, aunque asegura que el Gobierno está dispuesto a escuchar a la Generalitat siempre que su petición de diálogo se limite a la legalidad vigente. «Si esa voluntad de diálogo es sincera, para que tenga un mínimo de credibilidad Mas deber retirar inmediatamente su referéndum». «Ni Rajoy ni nadie tiene autoridad para negociar o hablar sobre la soberanía nacional», advierte Fernández Díaz.

Fernández Días acusa a los responsables de la Generalitat de estar fomentando la división del pueblo catalán y dice que «España no se entiende sin Cataluña, ni Cataluña sin España». «Unidos somos fuertes y separados perdemos todos», afirma.

El ministro del Interior muestra también su preocupación por el problema de la inmigración irregular y niega que haya dado la orden de bajar la guardia en Ceuta y Melilla. «Tenemos el derecho y el deber de controlar nuestras fronteras, en el marco de la ley y con pleno respeto a la dignidad de las personas, y no se ha producido ni delación ni efecto llamada», señala. Además de asegurar que no se han producido devoluciones en caliente de inmigrantes, Fernández Díaz reclama un pacto de Estado para hacer frente a este problema.

En cuanto a los altercados del 22-M, el responsable de Interior defiende la actuación de los agentes antidisturbios y dice que espera que los observadores de la OSCE hayan podido comprobar que «el derecho de manifestación se ejerce en España con absoluta normalidad, y también comprobar la eficacia de nuestra Policía y la extrema peligrosidad de determinados grupos radicales». Fernández Díaz se muestra contrario a la idea de hacer manifestódromoplanteada por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, aunque sí cree necesario hacer compatibles los derechos de quienes quieren protestar y los del resto de los ciudadanos. También defiende el anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y asegura que cumple «todas las garantías de legalidad y constitucionalidad».

EL MUNDO 1, 10, 11

 


(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)

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