El Parlament catalán aprobó la Ley de transitoriedad jurídica, otra vez de noche y con polémica

/ 8 septiembre 2017

El Parlamento de Cataluña aprobó anoche la ley de transitoriedad jurídica, que prevé convertir a Cataluña en una república independiente si gana el sí el referéndum del 1 de octubre.

Puigdemont firmando la Ley del Referéndum

Puigdemont firmando la Ley del Referéndum

La norma salió adelante con los votos de Junts pel Sí, la CUP y el diputado no adscrito Germà Gordó, y el rechazo de Catalunya Sí Que es Pot. Ciudadanos, PP y PSC se ausentaron del hemiciclo, al igual que hicieron el día anterior con la aprobación de la ley del referéndum. El Boletín Oficial del Parlament publicó la ley inmediatamente después de aprobarla el pleno.

La jornada fue muy similar a la del día anterior cuando se aprobó la ley del referéndum. Hubo modificación del orden del día, numerosas interrupciones, debates broncos y denuncias de la oposición por por segundo día consecutivo se «vulneraron» sus derechos parlamentarios por evitarse el debate a enmiendas a la totalidad y la posibilidad de reclamar un informe del Consejo de Garantías.

El diputado de JxSí Jordi Orobitg defendió la ley frente al proyecto de un Estado basado en la «opresión». La portavoz del partido, Marta Rovira, acusó de «filibusterismo parlamentario» a la oposición. Desde la CUP, Bernet Salellas defendió la norma para hacer efectiva «la soberanía» de Cataluña.

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, dijo que la ley es «un atropello a la democracia» y que no tendrá efectos jurídicos porque es manifiestamente inconstitucional. El líder del PSC, Miquel Iceta, descalificó la norma porque «liquida la Constitución y el Estatut». El PSC presentará otro recurso de amparo al Constitucional. Xavier García Albiol, del PPC, consideró que el proyecto independentista se ha enterrado en 48 horas al poner «en peligro el autogobierno de Cataluña».

Joan Coscubiela, portavoz de Cataluña Sí Que es Pot, dijo que «cuando se pisan los derechos de cualquier grupo se pisan los derechos de todos los ciudadanos de Cataluña». Coscubiela recibió el aplauso de los diputados de Ciudadanos, PSC y PPC, por su intervención

«El rechazo frontal a la ley de ruptura une a toda la oposición», apunta EL PAÍS. Para EL MUNDO, «el Parlament completa su plan de insumisión». ABC señala que «el secesionismo golpea por segunda vez a la democracia», mientras que LA RAZÓN habla de un «segundo golpe para la desconexión». LA VANGUARDIA considera que «el independentismo impone su mayoría» y EL PERIÓDICO que JxSí y la CUP «pasan su apisonadora sobre la oposición».

Por otro lado, el Colegio de Letrados de la Administración de Justicia subrayó ayer su rechazo a «dar cumplimiento» a órdenes o instrucciones que deriven de normas inconstitucionales o que puedan ser suspendidas por el Constitucional, en referencia a la ley de transitoriedad jurídica.

Mientras, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró ayer que la diputada de Podem Ángels Martínez, que el miércoles retiró las banderas de España que los parlamentarios del PP dejaron en sus escaños, debería «pedir disculpas». Martínez se negó a ello y dijo que su bandera es «la republicana». Los diarios se hacen eco de la «ruptura» de Podemos con su marca catalana.

Los alcaldes catalanes recibieron ayer una petición formal de la Generalitat para que confirme, antes de mañana, que ponen a disposición del referéndum los colegios electorales que se habilitan para las elecciones. Horas después los secretarios municipales recibían una carta del Gobierno central en la que les advertía de la ilegalidad que cometerían si colaboraban con la votación. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, evitó referirse a la petición del Govern y dijo que había encargado a los servicios jurídicos que estudien el caso.

La Generalitat cifró en 16.000 el número de voluntarios inscritos para la organización de la consulta. Por otra parte, la Fiscalía de Tarragona ha pedido al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona una orden de entrada y registro a la imprenta Indugraf ante la sospecha de que ha impreso parte del material relacionado con el referéndum.

 


(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)

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