El Tribunal Constitucional anula la amnistía fiscal del Gobierno Rajoy

La Nube / 9 junio 2017

El Tribunal Constitucional anuló ayer por unanimidad la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en 2012, promovida especialmente por el ministro Montoro.

Cristóbal Montoro (Foto: Moncloa)

La sentencia, que estima el recurso presentado por el Grupo Socialista en el Congreso, dictamina que es inconstitucional porque la materia que regula no puede ser fijada mediante un mero decreto ley, pues tiene rango constitucional. El Tribunal argumenta que el artículo 86.1 de la Constitución prohíbe el uso del decreto ley para aprobar medidas que afecten de forma relevante a los deberes consagrados en la Ley Fundamental, como «el deber de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos». Al respecto, el Constitucional dice que la amnistía fiscal «supone una abdicación del Estado» ante la obligación de hacer efectivo dicho deber.

De esta forma, se legitima, según el Constitucional, «como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir». El Tribunal señala que «el objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario».

La regularización se dirigió, añade el TC, «a la totalidad de los contribuyentes afectados por los impuestos directos», que «constituyen los pilares estructurales del sistema democrático». Además, la medida supuso «la condonación parcial de la obligación tributaria principal y la condonación total de las eventuales consecuencias accesorias asociadas al incumplimiento existente hasta el momento de la regularización». Por tanto, concluye el Constitucional, la norma «afectó a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos».

En cualquier caso, en virtud del principio de seguridad jurídica, esta sentencia no afectará a las regularizaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la norma anulada.

Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo ayer que el Ejecutivo «acata y cumple» la sentencia del Constitucional. Preguntado si considera la decisión un revés para el Gobierno, señaló que «no es un varapalo en términos políticos, sino la labor de control constitucional» de los tribunales que todos deben acatar.

(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)