La Comisión Europea no cede y exige devolver las ayudas a los inversores españoles en astilleros

/ 18 julio 2013

La Comisión Europea (CE) exigió ayer a España que recupere las ayudas fiscales que concedió al sector naval entre 2007 y 2011, al considerar esas bonificaciones ilegales.

Joaquín Almunia (Foto: web oficial Unión Europea)

Joaquín Almunia (Foto: web oficial Unión Europea)

El colegio de comisarios, formado por 27 miembros, aprobó esta resolución, cuyo contenido había venido avanzándose desde días atrás, y que supone una mejora en la intención inicial de la CE de que el reembolso de las deducciones impositivas fuese desde 2005.

Según recuerdan los diarios, estas bonificaciones, conocidas como tax lease, fueron aplicadas por el Gobierno español en 2002, con la posibilidad de que empresas e inversores pudieran ahorrase el pago de impuestos a Hacienda a cambio de apoyar a los astilleros. Posteriormente, se declaró ilegal un sistema similar en Francia en 2007, sólo que en aquella ocasión no se exigió la devolución de las bonificaciones como ahora se hace con España. Los periódicos señalan que el comisario de Industria y Emprendimiento, Antoni Tajani, cedió ayer finalmente en sus pretensiones, más favorables a España, de limitar la sanción al periodo 2009-2011

El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, dijo en rueda de prensa que esta decisión podría haberse evitado si «España hubiese notificado en 2002 a la Comisión que había adoptado aquel sistema de ayuda». En ese caso, según explicó Almunia, Bruselas hubiese dictaminado desde el principio que eran ilegales y ahora no habría de devolverá las ayudas concedidas.

Acerca del futuro del sector, el comisario dijo que la devolución de las ayudas no amenaza la supervivencia de los astilleros, en tanto ésta depende, según señaló, de su potencial innovador y capacidad de atraer a clientes e inversores. En otro momento, Almunia recordó que «los inversores no podrán traspasar sus obligaciones de devolución a navieras y astilleros», mientras que, en lo que se refiere al futuro, apuntó, «existe un régimen fiscal validado por la Comisión para financiar la industria de construcción de buques», con «ayudas disponibles dentro del marco comunitario». Almunia también explicó que será el Gobierno quién decida qué inversores deben devolver las ayudas fiscales, cómo y cuánto, en base a las condiciones generales fijadas por Competencia.

En una entrevista que publican EL PAÍS y ABC, Joaquín Almunia señala que «se han exagerado hasta el límite las consecuencias de esta decisión», además de apuntar que «los cálculos sobre ayudas a devolver que se manejan son enormes», En este sentido, Almunia añade: «Espero que se coman sus palabras los que pintan un panorama dantesco».

El Gobierno no descarta recurrir ante el Tribunal Europeo

El ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció ayer que el Gobierno se reserva el derecho a recurrir ante el Tribunal Europeo de Justicia la decisión de la CE de exigir la devolución de las ayudas recibidas por el sector naval entre 2007 y 2011. En declaraciones en los pasillos del Senado, Soria apuntó que la decisión es mejor que la anunciada inicialmente, aunque aún está por aclararse el alcance en términos cuantitativos de la cantidad que deben devolver, siempre por parte de los inversores y nunca por parte de los astilleros, armadores o quienes han sido intermediarios financieros.

Según el titular de Industria, la decisión de la CE establece un mecanismo complejo» y será el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el que deba determinar cuáles son exactamente las cuantías. En la misma línea, el secretario general de Industria, Luis Valero, dijo que «existen bases jurídicas suficientes para ganar» un posible recurso, si bien, añadió que «hay que leerse la letra pequeña antes de tomar una decisión.

 


(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)

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