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La Generalitat de Artur Mas reconoce que no puede garantizar celebrar la consulta el 9-N

La Nube / 3 noviembre 2014

A una semana del 9 de noviembre, el proceso participativo convocado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, empieza a generar dudas entre los propios miembros del Gobierno catalán.

Artur Mas (Foto Generalitat)

La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, señaló ayer que, aunque las urnas están preparadas, «hoy por hoy no se puede asegurar al cien por cien» que los ciudadanos puedan votar. En una entrevista en el diario El Punt-Avui, Ortega explicó que los preparativos de la consulta alternativa siguen adelante, a pesar de que haya sido recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, pero la decisión final será adoptada en la reunión que esta semana celebrará el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir.

Pese a las dudas de la Generalitat, CDC y ERC continuaron ayer con su campaña para llamar a la participación de los ciudadanos el 9-N. El secretario general de Convergència, Josep Rull, advirtió que, aunque el Constitucional decida impugnar esta nueva consulta, en estos momentos «las riendas del proceso las tienen los ciudadanos». Según Rull, ese día los catalanes «tenemos que poder demostrar tres cosas: que somos un pueblo con dignidad y que no estamos dispuestos a que nos la pisen; que creemos en la democracia y la defenderemos contra los que la quieren recortar, y que somos dueños de nuestro futuro y no estamos dispuestos a que haya alguien que decida por nosotros».

El Constitucional estudia este martes el recurso del Gobierno

Como sucedió con la consulta soberanista convocada anteriormente por la Generalitat, si el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso presentado por el Gobierno la nueva consulta convocada por la Generalitat quedará suspendida cautelarmente. El Pleno del TC estudiará mañana el recurso presentado por la Abogacía del Estado, en el que se denuncia que el Ejecutivo catalán ha convocado un referéndum encubierto sin «ninguna base legal».

El recurso cuenta con el aval del Consejo de Estado, que en su informe no vinculante sugiere que el incumplimiento de la suspensión de la consulta debería tener consecuencias legales.

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(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)