La reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal permitirá escuchas sin permisos del juez

/ 6 diciembre 2014

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal con la que se busca agilizar la justicia penal con el fin de evitar dilaciones indebidas, así como regular las medidas de investigación.

Jorge Fernández Díaz (Foto Moncloa)

Jorge Fernández Díaz (Foto Moncloa)

Según el anteproyecto, el Ministerio del Interior podrá decidir por razones de urgencia la intervención de las comunicaciones en la investigación de delitos de especial gravedad sin pedir autorización judicial previa. El ministro del Interior o el secretario de Estado de Seguridad podrían acordar la intervención pero deberán comunicarlo al juez en las 24 horas siguientes. El magistrado contará con 72 horas para revocar o confirmar la actuación. El anteproyecto fija un límite para el borrado o eliminación de las grabaciones para evitar dañar de forma irreparable la intimidad del afectado.

Asimismo, otro de los objetivos de la ley es acortar los tiempos de instrucción y que “no haya ninguna sensación de impunidad ni tampoco sospechas prolongadas e indefinidas en el tiempo, sino que en unos tiempos de tramitación razonables y suficientes para una investigación profunda se pueda llegar a una sentencia”, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Así se limita la instrucción judicial a un plazo de seis meses para las causas ordinarias y de 18 para los sumarios más complejos, que podrán ser ampliables hasta tres años.

EL PAÍS 1, 16/EL MUNDO 1, 5/ABC 22/LA VANGUARDIA 1, 17/EL PERIÓDICO 1, 20, 21/LA RAZÓN 1, 18/EL ECONOMISTA 58

 


(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)

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