Ley de Garantía de Unidad de Mercado: resumen y texto íntegro

La Nube / 6 julio 2013

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado, cuyo punto principal es la licencia única y la legislación de origen, de manera que cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica podrá ser ofertado en cualquier punto del territorio español sin necesidad de modificación o trámite adicional. Una vez aprobada la ley, las empresas tendrán que pedir una sola licencia, en una comunidad autónoma, y podrán comercializar sus productos en todo el país. La norma será remitida a las Cortes para su tramitación por la vía de urgencia.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que se trata de una de las reformas «más importantes, demandada por todos los operadores nacionales y extranjeros» y tiene como objetivo «mejorar la competitividad de la economía española y aclarar el caos de la maraña administrativa existente en España». El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó que se han detectado 6.000 normas contrarias a la unidad de mercado en 28 sectores, en todas las administraciones públicas, tanto ayuntamientos y comunidades como en el Estado.

La ley impulsará la creación del Consejo Nacional de Unidad de Mercado, que será presidido por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que intentará que converjan las distintas regulaciones autonómicas basándose en la colaboración y la búsqueda de elementos de control y supervisión entre administraciones.

El impacto económico que tendrá la ley será un aumento del PIB del 1,52% en 10 años, es decir, 1.500 millones de euros cada año, un aumento de la productividad (+1,23%), del consumo (+1,8%), de la inversión (+0,51%) y de las exportaciones (+0,8%). Asimismo, la norma supondrá una reducción de costes, sobre todo para las pymes. El Consejo de Estado ha respaldado la constitucionalidad del proyecto de ley.

La norma fue rechazada por Cataluña, Andalucía, País Vasco y Canarias. La Generalitat remitió un conjunto de alegaciones al borrador que en Economía consideran «casi una enmienda a la totalidad». El secretario de Empresa y Competitividad del Gobierno catalán, Pere Torres, dijo que si se completa su tramitación en el Congreso y Senado sin cambios «será necesario utilizar todos los instrumentos legales para que no entre en vigor». El portavoz de ERC en el Congreso, Alfred Bosch, acusó al Gobierno de impulsar una ley para recentralizar competencias y «acabar con la autonomía de los catalanes».

CEOE y Cepyme han acogido con «satisfacción» el proyecto de ley de unidad de mercado porque «todos los pasos que se den para reducir la dispersión y profusión legislativas son positivos».

EL PAÍS habla de «frente contra la unidad de mercado», en referencia a la oposición de Cataluña, Andalucía, País Vasco y Canarias. «Guerra a la unidad de mercado», titula EL MUNDO. LA VANGUARDIA recuerda que fue aprobada «con el rechazo catalán» y EL PERIÓDICO señala que el Gobierno «desoye a Catalunya en la ley de unidad de mercado». «Nace la licencia única para toda España», es el titular de ABC. Mientras, LA RAZÓN apunta que «la Audiencia juzgará las leyes contrarias al mercado único».

TEXTO ÍNTEGRO

PROYECTO DE LEY DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO

> Los operadores necesitarán la licencia de una sola Comunidad Autónoma y podrán operar en todo el territorio nacional.
> El Consejo de Estado respalda el texto que también cuenta con el apoyo mayoritario de las Comunidades Autónomas.

De Guindos – Foto: Pool Moncloa

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, una vez superado el trámite de audiencia pública. La norma, dirigida a asegurar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional, está inspirada en el principio de licencia única y legislación de origen, que ya funcionan en el Mercado Único europeo. De esta forma, cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica podrá ser ofertado en todo el territorio nacional sin necesidad de trámite adicional.

El pasado mes de enero el Consejo de Ministros dio luz verde al Anteproyecto de Ley. Dada la importancia de la norma y la voluntad del Gobierno de trabajar en ella con el máximo consenso, el texto legal se publicó en la web del Ministerio de Economía para que todas las Administraciones, instituciones, organismos y ciudadanos que lo estimaran oportuno pudieran enviar observaciones y se inició entonces un exhaustivo proceso de audiencia pública. Durante el trámite se han recibido un total de 37 observaciones y 15 informes preceptivos.

Informes

En particular, se han recabado informes de la Comisión Nacional de la Competencia, Comisión Nacional de Entidades Locales, Consejo General del Poder Judicial, Consejo Económico y Social, Consejo de Consumidores y Usuarios, Agencia de Protección de Datos, Abogacía General del Estado y, finalmente, Consejo de Estado, en el ánimo de mejorar al máximo posible todos los aspectos de una de las principales reformas que lleva adelante el Gobierno. Cabe destacar en este sentido que el Consejo de Estado da en el escrito su respaldo a la norma desde el punto de vista constitucional y no realiza observaciones esenciales, si bien hace diversas propuestas dirigidas a mejorar la norma.

Tras cumplir con este amplio proceso de audiencia pública, el Consejo de Ministros ha aprobado su remisión a las Cortes Generales, de acuerdo con los plazos comprometidos en el Plan Nacional de Reformas.

La firme convicción del Gobierno en la necesidad de esta Ley, así como la aprobación en sus objetivos y términos generales muy mayoritaria de las Comunidades Autónomas y del propio Consejo de Estado, ha supuesto que el texto no varíe significativamente en cuanto a sus elementos esenciales, si bien ha incorporado numerosas mejoras desde el punto de vista técnico-jurídico.

Cabe destacar, igualmente que la Comisión Europea, en su informe sobre España del mes de abril «in-depth review», valora la norma y considera que el texto legal adoptado por el Consejo de Ministros tiene el potencial de reducir la fragmentación del mercado interior, ampliar la competencia y ganar eficiencia, y solicita que se mantenga el grado de ambición de la ley y su calendario. El Consejo Europeo, en sus Recomendaciones a España en el procedimiento del Semestre Europeo, también estableció la necesidad de «eliminar los múltiples obstáculos al ejercicio de la actividad resultantes de la existencia de normas múltiples y superpuestas establecidas por los distintos niveles de Gobierno».

Impacto económico

De acuerdo con los estudios del Ministerio de Economía y Competitividad, la aprobación de esta Ley va a suponer un aumento total del PIB del 1,52 por 100 en un período de diez años. El aumento sería, aproximadamente, del 0,15 por 100 PIB anual los primeros diez años, en torno a 1.500 millones de euros cada año.

Una vez que se apruebe, los productores tendrán que pedir una sola licencia, en una Comunidad Autónoma, y podrán comercializar sus productos en todo el país. Los prestadores de servicios tendrán también que pedir una única licencia de actividad y tendrán que atender, al igual que ocurre en Europa, a los requisitos de destino para ejercer esa actividad.

El establecimiento de este principio de licencia única elimina en la práctica el coste de tener que someterse hasta a diecisiete regulaciones distintas para operar en España.

Principales aspectos de Ley

Los principales aspectos de la ley son los siguientes:

Licencia única y legislación de origen:
Cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica podrá ser ofertado en cualquier punto del territorio español sin necesidad de modificación o trámite adicional.
El establecimiento de este principio elimina de inmediato el coste de tener que someterse a diecisiete regulaciones distintas para operar en España.
Restricciones al sometimiento de autorizaciones y requisitos prohibidos.
Se limitan los supuestos en los que las Administraciones Públicas pueden someter a autorización el ejercicio de actividades económicas.
Se prohíbe la exigencia de requisitos basados directa o indirectamente en el lugar de residencia del operador.
Cooperación administrativa.
Se regulan mecanismos de cooperación entre Administraciones Públicas para el intercambio de información necesario entre las autoridades de origen y de destino.
Procedimiento ágil de resolución de conflictos.
Se legitima a la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para recurrir en vía contencioso-administrativa cualquier acto que vulnere la unidad de mercado.
La admisión a trámite de dicho recurso podrá significar la suspensión automática del acto o disposición recurridos.
Se permite a los operadores solicitar a esta Comisión el recurso de actos o disposiciones contrarias a la unidad de mercado que les afecten.
Ello implica que los operadores podrán obtener la suspensión de sanciones impuestas hasta que no se pronuncie un órgano jurisdiccional evitando las pérdidas ocasionadas por dilaciones judiciales.

(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)