LOMCE: Gobierno y comunidades autónomas acuerdan eliminar las reválidas

La Nube / 29 noviembre 2016

El Ministerio de Educación y las comunidades autónomas llegaron ayer a un acuerdo que modifica algunos de los aspectos más cuestionados de la Lomce y que afecta especialmente a la prueba de acceso a la Universidad y a las reválidas de Primaria y la ESO.

Aulas y estudiantes (Foto: Ministerio Educación)

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, explicó que las evaluaciones se suspenderán hasta que se llegue a un «gran pacto educativo» a nivel nacional. «Es un buen paso, con pasos pequeños se consiguen objetivos grandes», añadió, y valoró haber visto a los consejeros autonómicos «muy comprometidos y con ganas de lograrlos».

Así, la evaluación final de Primaria no será obligatoria para todos los alumnos, sino de carácter muestral y de diagnóstico del sistema, aunque las comunidades pueden decidir que la hagan todos los alumnos en sus respectivos territorios. La de ESO también será muestral, no tendrá efectos académicos y no será necesaria para obtener el título de Secundaria, que será único, con los mismos efectos sea cual sea el itinerario académico elegido en cuarto curso. Tampoco los alumnos de FP básica necesitarán el examen para conseguir el título. En cuanto a la prueba final de Bachillerato servirá para regular el acceso a la Universidad y se hará en los campus, como la tradicional selectividad. Se mantiene también el distrito único.

El Consejo de Ministros aprobará un real decreto-ley con los cambios, que el Congreso deberá convalidar en el plazo de 30 días. Además, el Ministerio de Educación retirará los recursos y requerimientos presentados contra las comunidades que incumplieron la Lomce al no realizar las evaluaciones de 6º de Primaria.

La mayoría de los consejeros salieron satisfechos de la reunión, aunque las consejeras de Cataluña y País Vasco se mostraron críticas porque consideran que el nuevo proyecto invade competencias autonómicas. La consejera catalana, Meritxell Ruiz, demandó una prueba de acceso a la universidad específica para Cataluña y la derogación de la disposición adicional 38 de la Lomce – que definió como una «ley ideológica y pedagógicamente nefasta» – que obliga a la Generalitat a costear la escolarización en castellano de aquellos alumnos que lo demanden. Por su parte la consejera vasca, Cristina Uriarte, pidió que las evaluaciones de Primaria y ESO sean reguladas por las propias comunidades.

Por otra parte, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, reivindicó ayer que la asignatura de religión «tenga plena integración en el curriculum» y que en el Pacto Educativo «se vea reflejado el derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral de acuerdo a sus propias convicciones».

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(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)