Los miembros del PP Trillo y Pujalte ganaron casi medio millón como asesores

La Nube / 23 abril 2015

El ex ministro y actual embajador en Londres Federico Trillo y el dirigente del PP Vicente Martínez Pujalte cobraron de una constructora especializada en obra pública mientras eran diputados, según la Agencia Tributaria. Hacienda no ha encontrado informes que justifiquen los ingresos de 354.560 euros recibidos por Trillo en casi tres años y de 75.000 en poco más de un año en el caso de Pujalte.

Federico Trillo

El caso ha salido a la luz en el marco de la investigación sobre la trama eólica de Castilla y León. La Agencia Tributaria encontró facturas de una de las empresas beneficiadas -Collosa, dedicada a obra civil- con dos despachos: Sirga XXI Consultores, propiedad de Martínez-Pujalte, y la entonces diputada por Valladolid y ahora senadora Ana Torme, y de Estudio Jurídico Labor, en el que participa, con el 70% de las acciones, Federico Trillo.

La empresa sostiene que los contratos «se refieren a servicios de asesoría al consejo de administración, que de manera habitual contrata a asesores externos». Justificó que los 9.000 euros al mes que pagaba a Estudio Jurídico Labor «tienen naturaleza de asesoría que no suelen materializarse en informes por escrito».

Federico Trillo defendió que su despacho «no es un chiringuito» y que nunca le encargaron «nada que tuviera que ver con obra pública». También aclaró que no tuvo nada que ver con parques eólicos y criticó que la Agencia Tributaria no le haya pedido su versión antes de enviar el informe a la Fiscalía Anticorrupción.

Ana Torme aseguró que no participó en el contrato con Collosa y que era una «actividad personal» de Pujalte que facturó a través de Sirga consistente en la «prospección y selección de mercados, asesoramiento o implementación de estrategias de acceso, consultoría y asesoría en planificación estratégica global, reportando los servicios de asesoría al consejero delegado». Pujalte admitió que asesoró al entonces consejero delegado de Collosa, Mario Armero, porque la empresa tenía problemas de propiedad, pero negó haber tenido relación con sectores energéticos.

Tanto Trillo como Pujalte aseguraron que declaran todos los ingresos de sus despachos tanto al Congreso como a Hacienda y que no han recibido ninguna comunicación ni de la Agencia Tributaria ni de la Fiscalía Anticorrupción.

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(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)