Los papeles de Bárcenas podrían no servir para demostrar irregularidades políticas

/ 10 marzo 2014

Según informa el diario EL MUNDO, los interventores generales del Estado adscritos a la Fiscalía Anticorrupción no ven posible demostrar que las Administraciones Públicas controladas por el Partido Popular hayan adjudicado contratos a las 13 empresas que aparecen en los papeles de Bárcenas a cambio de las donaciones que figuran en esa contabilidad del extesorero popular.

Luis Bárcenas (Captura video Ultimedia)

Luis Bárcenas (Captura video Ultimedia)

Los expertos ultiman un informe que, salvo que surja algún cambio relevante en los últimos datos que han solicitado a esas mercantiles, mantiene el criterio ya expresado en dos dictámenes anteriores elaborados el 9 y el 28 de octubre pasados a petición del fiscal Antonio Romeral. En sus dictámenes los interventores concluyeron que no existen elementos que permitan apreciar «que se han adjudicado contratos públicos como contrapartida a los ingresos por donaciones» reflejados en la supuesta contabilidad B de Bárcenas.

Esa conclusión, de confirmarse, dificultaría una acusación sólida por cohecho, el más grave de los delitos que se investigan en la pieza que el juez Pablo Ruz separó del caso Gürtel con el objetivo de clarificar la relevancia penal de los papeles de Bárcenas. Sobre esa documentación trabajan varios interventores del Estado designados por el juez como peritos, la Udef y la unidad de la Intervención General del Estado adscrita a la Fiscalía Anticorrupción para tratar de determinar si, como indicó la Sección Penal Tercera de la Audiencia Nacional al convalidar la apertura de la investigación, estamos ante «una red que a través de donativos al partido político pudiera conseguir ventajas ilícitas en las adjudicaciones».

La unidad de interventores del Estado adscrita a la Fiscalía Anticorrupción ha analizado la relación temporal que pudiera existir entre las donaciones empresariales anotadas en los papeles de Bárcenas y el momento en que esas sociedades recibieron adjudicaciones de administraciones controladas por el PP. El criterio temporal es el utilizado por la acusación popular que ejerce IU para hablar de indicios de cohecho. Para los interventores, se trata de un criterio «muy discutible» porque el donativo podría haberse exigido antes de la adjudicación o responder a un pago fraccionado, por lo que las coincidencias temporales no son concluyentes. Prueba de ello es que a veces hay diferencias de varios meses entre adjudicación y donativo.

EL MUNDO 1, 4

 


(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)

– Más vídeos de noticias:

1 comentario

You must be logged in to post a comment Login

Deja tu comentario