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Mas descarta celebrar la consulta soberanista el 9 de noviembre por falta de «garantías legales»

La Nube / 14 octubre 2014

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, descartó ayer celebrar la consulta soberanista el próximo 9 de noviembre, tal y como estaba previsto en el decreto de convocatoria suspendido por el Tribunal Constitucional por falta de garantías legales.

Artur Mas, firmando la consulta (Foto Generalitat)

A cambio, Mas propuso organizar un proceso de participación ciudadana con la intención de conocer la opinión de los catalanes sobre el futuro político de Cataluña, un proyecto que está previsto que explique hoy en una comparecencia en el Palau de la Generalitat.

En un encuentro en el Palacio de Pedralbes, Mas reclamó el apoyo de los partidos que apoyaron el referéndum soberanista, CiU, Esquerra, Iniciativa y la CUP, para organizar un proceso alternativo, explorando vías para ampararse en un título de la ley de consultas relativo a los «procesos de participación ciudadana» que no fue impugnado por el Gobierno.

La reunión, que todos los diarios coinciden en calificar de «tensa», se prolongó desde el mediodía hasta la noche. Los principales argumentos utilizados por el presidente de la Generalitat para justificar su decisión fueron que la suspensión del decreto de convocatoria, así como de buena parte de la ley de consultas, ha impedido a la Generalitat completar el censo de electores en los plazos establecidos, así como la organización de los locales de votación.

Tras la reunión, ERC comunicó su rechazo a la decisión del presidente catalán, lamentando lo que calificó como una «renuncia» a la consulta soberanista. ERC abogó por un escenario que lleve a que el Parlament haga una declaración de independencia inmediata y se abra un proceso constituyente», según refleja la nota difundida al término del encuentro, en la que también se subraya que «en ningún caso este proceso participativo sustituye a la consulta». El líder de la formación, Oriol Junqueras insistió en la consulta y reiteró el ofrecimiento de entrar en el Govern para hacerse cargo de las áreas más sensibles.

El líder de ICV, Joan Herrera, advirtió de que él no valorará la propuesta alternativa del Ejecutivo catalán hasta que se haga pública. Herrera también señaló que «Iniciativa tiene su propia vía», que concretó en «una alternativa de movilización». Según los diarios, su propuesta se basaría en convertir el 9-N en una jornada de protesta en la que habría también una declaración por el derecho a decidir, tanto en los Ayuntamientos como en el Parlamento catalán.

El presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, Carlos Viver Pi-Sunyer, dijo ayer que lo ideal, tras la renuncia a la consulta, sería convocar unas elecciones plebiscitarias, ya que, según explicó, «tienen la ventaja de ser un proceso dentro de la legalidad». En una entrevista en Catalunya Ràdio, Viver añadió que, en todo caso, la ley de consultas se adapta a la Carta Magna, de forma que «es difícilmente impugnable».

Por otra parte, la líder del Partido Popular en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, señaló ayer como «evidente» que Artur Mas ya no gobierna en Cataluña y es «rehén» de ERC. Camacho instó a UDC e ICV-EUiA a que, por «dignidad», abandonen lo que calificó como el «pacto de la estafa» proconsulta, ya que, según explicó, «Mas ha dejado de ser el presidente de todos los catalanes». Además, añadió que «no sabe qué hacer» y que «su vanidad no le permite rectificar».

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, dirigiéndose ayer al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo que «a una crisis política no sólo se tiene que responder desde la legalidad, sino también desde la política», en tanto, insistió, «la legalidad es condición necesaria pero no suficiente». En este sentido, Sánchez subrayó que «la reforma constitucional es la respuesta que están esperando la mayoría de los catalanes», e incluso «la mayoría de los españoles».

También el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero planteó ayer como solución para Cataluña una reforma «concreta» y limitada de la Constitución, en la que se incluya puntos del Estatuto catalán que el Tribunal Constitucional anuló en 2010. Zapatero hizo esta propuesta durante la presentación en Madrid del libro del exministro de Justicia Francisco Caamaño, titulado Democracia federal. Apuntes sobre España.

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(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)