Miguel Blesa y Rodrigo Rato, imputados por las tarjetas opacas de Caja Madrid

/ 9 octubre 2014

El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu citó como imputados a los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato y al ex director general de la entidad financiera Ildefonso Sánchez Barcoj, en relación a las tarjetas opacas o tarjetas B, con las que 86 directivos gastaron, entre 1999 y 2012, un total de 15,5 millones de euros en retiradas de efectivo, viajes, centros comerciales, restaurantes y hoteles, entre otros desembolsos.

Rodrigo Rato (Foto FMI)

Rodrigo Rato (Foto FMI)

Los diarios avanzan que el próximo jueves 16 de octubre el juez escuchará en primer lugar al identificado como «cerebro» de la trama, Sánchez Barcoj, que gastó 484.200 euros. En el caso de Blesa, la factura asciende a 436.700 euros, y en el de Rato a 44.200 euros.

Tras conocerse las citaciones, el ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo que «en absoluto» avisó a Rato antes de que el FROB enviara a la Fiscalía el informe interno de Bankia que destapó el caso. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pidió rapidez en la instrucción y calificó de «totalmente reprochables» estas actuaciones.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, mostró su «respeto» por la decisión del magistrado, al tiempo que calificó de «reprochable» e «inadecuado» el uso de las tarjetas.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, señaló que «no se puede decir que se haya tratado de tapar nada» en el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid, tras lo que añadió que el Gobierno «trata de que no se vuelvan a producir corruptelas». En una entrevista a 13 TV, Cospedal dijo que este escándalo le parece «absolutamente indignante e inaceptable», tras lo que agregó que «lo que se está haciendo es sacarlo a la luz para que no se vuelva a producir».

El actual presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, recordó que con su llegada en mayo de 2012 se inició un proceso para «analizar posibles prácticas que aparentemente no respondieran a la ortodoxia bancaria». Goirigolzarri subrayó que «no tiene nada que ver el pasado con el presente» de la entidad.

Paralelamente a la vía judicial, partidos y sindicatos han iniciado una investigación interna sobre el asunto, a la que se sumó ayer la patronal, que analizará el uso de sus tarjetas internas durante los últimos cuatro años, según avanzó el presidente de Cepyme y vicepresidente de CEOE, Jesús Terciado. Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, calificó de «acertada» la decisión del juez, mientras que al secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, le pareció bien que se acelere el procedimiento judicial, que, según dijo, «no debería eternizarse».

El secretario de Organización del PSOE, César Luena, dijo que su partido va a pedir a los militantes que han utilizado las tarjetas «de la vergüenza», que «devuelvan todos el dinero» y, «si no puede justificarse, los expulsarán», dijo.

La diputada de UPyD, Rosa Díez, que en la sesión de control al Gobierno preguntó sobre este asunto al ministro de Economía, pidió al Ejecutivo que «los responsables paguen» y que se devuelva el dinero.

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(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)

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