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‘Operación Púnica’: todo sobre la trama, los detenidos, lo saqueado y cómo operaban

La Nube / 28 octubre 2014

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil culminó ayer una operación en la que se desmanteló una red de cobro de comisiones por la concesión de contratos públicos en varios ayuntamientos y comunidades autónomas por un valor de, al menos, 250 millones de euros entre 2012 y la actualidad. La operación Púnica, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la Fiscalía Anticorrupción, se saldó con la detención de 51 personas entre los que se encuentra Francisco Granados, que fue número dos de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, así como los alcaldes seis localidades madrileñas.

(Foto Guardia Civil)

En concreto, fueron detenidos el alcalde de Valdemoro y Collado-Villalba, ambos del PP, y el de Parla, gobernado por el PSOE, además de los alcaldes populares de Casarrubuelos y Torrejón de Velasco, y el de Serranillos de Valle, ayuntamiento gobernado por Unión Demócrata Madrileña. Asimismo, fueron arrestados el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, del PP, y el ex alcalde de Cartagena, el socialista José Antonio Alonso, así como empresarios de la construcción y de grandes empresas de servicios.

La investigación ha permitido sacar a la luz una trama organizada que usaba influencias políticas para introducirse en la administración pública en todos los niveles -ayuntamiento, diputación y comunidad autónoma- y obtener irregularmente adjudicación de contratos y servicios públicos. Los implicados, según las fuentes de la investigación, no trabajaban para la financiación ilegal de sus partidos, sino que buscaban únicamente su lucro personal.

Las investigaciones se iniciaron en diciembre de 2013, a raíz del descubrimiento de una cuenta en Suiza a nombre de Francisco Granados en la que habría ocultado 1,5 millones de euros. La red gravitaba en torno a los empresarios detenidos David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca, estrechamente vinculados a Granados, que mediaban entre políticos y empresarios como ‘conseguidores’ de contratos a cambio de comisiones.

Algunas de las adjudicaciones en la Comunidad de Madrid tuvo como protagonista la empresa Cofely, compañía que suscribió en julio de 2012 un contrato de 57,4 millones de euros con el Ayuntamiento de Parla mientras que en Collado-Villalba firmó un acuerdo por 15 años para gestionar el suministro de energía por valor de 47 millones. Cuatro altos cargos de la entidad, incluido su director general, fueron detenidos.

Los implicados han sido acusados de pertenencia a organización criminal y diez delitos de corrupción: blanqueo de capitales, falsificación, delito fiscal, cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude a la Administración. Uno de los imputados por revelación de secretos es un agente de la Guardia Civil que avisó a Granados de que estaba siendo investigado en relación a la cuenta que tenía abierta en Suiza.

En la operación, en que participaron 150 agentes de la OCU y cinco secretarios judiciales, se realizaron 400 mandamientos de bloqueo de cuentas a bancos y aseguradoras, 259 peticiones a Registros de la Propiedad de toda España para ordenar el embargo de bienes inmuebles, y se han intervenido 30 vehículos de alta gama.

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(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)