Pujol se querella contra dos bancos andorranos por revelación de secreto bancario

La Nube / 17 agosto 2014

El expresidentede la Generalitat Jordi Pujol presentará el próximo martes una querella contra dos entidades financieras andorranas -Banca Privada de Andorra y Andbank- por revelación de secreto bancario, en relación a las cuentas que el propio Pujol ha reconocido haber mantenido ocultas durante 34 años.

Según informó ayer TV-3, la querella se presentará contra persona no conocida, sin eximir por ello a los bancos de una posible responsabilidad. A partir de ese momento, la justicia andorrana resolverá si ha existido un tránsito de información ilegal y, en caso afirmativo, qué consecuencias se derivan de ello. Con esta querella, la familia Pujol trata de evitar que los bancos se vean obligados a facilitar la información que les ha requerido el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Si la justicia del principado da la razón a Pujol, las entidades financieras no tendrían obligación de ofrecer los datos requeridos sobre las cuentas del expresidente catalán.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, afirmó ayer en una entrevista concedida a la agencia ACN que si en el caso Pujol se comprueba que hay ingresos que provienen de negocios o comisiones «avivaría el 3%» que en 2005 fue denunciado por el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, por el supuesto cobro de comisiones ilegales para la concesión de obras públicas de la Generalitat.

Los diarios señalan hoy que el caso Pujol, además de dividir CiU y enfrentar al presidente Artur Mas con ERC, está dañando la credibilidad del proceso soberanista catalán, como lo demuestra el notable descenso de ciudadanos que se han apuntado hasta el momento para participar en las manifestación independentista convocada por la Asamblea Nacional Catalana para la Diada del próximo 11 de septiembre. Pese a todo, el Gobierno catalán sigue trabajando para que la consulta soberanista se celebre el próximo 9 de noviembre. Según destaca LA VANGUARDIA en su portada, garantizar la fiabilidad de la consulta desde el punto de vista jurídico, tecnológico y organizativo se ha convertido en la principal obsesión del Gobierno de Mas, que trabaja en la organización del dispositivo para el 9-N de acuerdo con la futura ley de consultas. Los técnicos cifran en 40 días el plazo mínimo para que esté todo a punto

EL PAÍS 1, 14/EL MUNDO 9/ABC 32/LA RAZÓN 22, 23/LA VANGUARDIA 1, 15, 16/EL PERIÓDICO 19

(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)