Querella contra Artur Mas: el president podría ser inhabilitado y perder la Generalitat

La Nube / 22 noviembre 2014

La Fiscalía presentó ayer la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia, prevaricación, usurpación de funciones y malversación. El escrito, elaborado por la Fiscalía General del Estado fue formalizado por el fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, pese a sus iniciales reticencias, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Artur Mas en rueda de prensa (Foto: Generalitat)

La Fiscalía acusa a los querellados de «sobreponer la propia visión partidista de la realidad sobre el deber de ejercer sus atribuciones administrativas de manera objetiva y conforme a derecho». Asimismo, reprocha a los miembros del Gobierno catalán la «intrínseca arbitrariedad» de su conducta, por negarse «abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución judicial emanada del máximo intérprete de la Constitución».

EL PAÍS destaca que «la Fiscalía persigue con su querella la inhabilitación de Mas por el 9-N». Según EL ECONOMISTA, «Mas se enfrenta a penas de hasta diez años de inhabilitación«. Por su parte, EL MUNDO pone el énfasis en que la querella afirma que «está en juego la vigencia del TC». LA VANGUARDIA y LA RAZÓN coinciden en señalar que la Fiscalía acusa a Mas de desobedecer al Constitucional por su «visión partidista». ABC resalta que la Fiscalía pide que Mas «declare como imputado», y EL PERIÓDICO enfatiza que la Fiscalía va «a por todas», al presentar «la versión más dura» de la querella. Tanto LA VANGUARDIA como EL PERIÓDICO reflejan que el Govern ya trabaja en la respuesta jurídica a la querella.

Ante la presentación de la querella, el portavoz de CiU en el Parlamento catalán, Jordi Turull, denunció que su formación la considera una «persecución política impropia en una democracia del siglo XXI», al tiempo que advirtió al Estado de que provocará los efectos contrarios a los que pretende porque reforzará el proceso catalán. ERC, según explicó su portavoz en el Parlament, Oriol Amorós, ve en la querella «un atropello», porque «no se puede perseguir penalmente a un pueblo». Una de las afectadas directamente, Joana Ortega aseguró estar «absolutamente tranquila» porque no se identifica con ninguno de los cuatro delitos que le atribuye el Ministerio Público. Por parte del PSC, Maurici Lucena dijo tener la impresión de que Mas y sus asesores «llevan días de celebración» ante una querella que electoralmente «les puede beneficiar». Isabel Vallet, de la CUP, interpretó la querella como un signo de debilidad del Estado, y Marc Vidal, de ICV-EUiA criticó que se esté «judicializando» la democracia.

Por el contrario, Santi Rodríguez, del PPC, y Carina Mejías, de Ciutadans, enmarcaron la querella dentro de la normalidad de un Estado de Derecho en el que todos los ciudadanos tienen que cumplir la ley.

EL PAÍS 14/EL MUNDO 1,4-6/ABC 1,18,19/LA VANGUARDIA 1,14-17/EL PERIÓDICO 1,20-22/LA RAZÓN 1,10-13/CINCO DÍAS 2/EL ECONOMISTA 1,45/AGENCIAS

(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)