Reforma de las administración local: Cataluña, Andalucía, Euskadi, Asturias y Canarias se rebelan

La Nube / 22 junio 2013

La reforma de las Administraciones Públicas ha recibido el rechazo de varias comunidades autónomas, al estar en contra de la supresión de instituciones regionales como el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, instó al Gobierno a eliminar de Cataluña «delegaciones de los ministerios que ya no tienen funciones», en referencia a Educación y Cultura y Sanidad. Su consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, dijo que «jamás» aplicarán la reforma. «El Govern no va a devolver, jamás, ninguna competencia», enfatizó. La reforma, en su opinión obedece a una «fijación ideológica» del Gobierno: «recentralizar el Estado a costa de adelgazar las autonomías.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, tildó el proyecto de «desatino» y una «limitación de la democracia». Valderas dijo que no lo aplicarán porque muchas de las instituciones que pretende eliminar están protegidas por el Estatuto. El Gobierno vasco descartó la posibilidad de eliminar las figuras del Defensor del Pueblo y del Tribunal de Cuentas, ya que disponen de «plena vigencia» y proporcionan una reconocida función social.

El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, calificó de «chantaje» y de «injerencia intolerable» las medidas planteadas. «El Gobierno no se entera de qué significa la autonomía de una comunidad ni el modelo de Estado», añadió.

El Gobierno canario también rechazó la reforma y aseguró que tras ella está «la derechona que nunca ha creído en el Estado autonómico».

Las comunidades gobernadas por el PP valoraron de forma positiva la reforma, si bien con ciertas reticencias a eliminar los tribunales de cuentas y los defensores del pueblo. El consejero de Economía de Madrid, Enrique Ossorio, dijo que esta comunidad «ya ha puesto en marcha todas las medidas». El consejero de Hacienda de Aragón, José Luis Saz, alabó la reforma, si bien defendió el Justicia de Aragón y su Cámara de Cuentas por su «trayectoria histórica». Castilla-La Mancha considera las medidas «muy coherentes», mientras que Cantabria y La Rioja ven «razonables» las propuestas. La Generalitat Valenciana creará una comisión para estudiar el informe y valorar qué propuestas son asumibles.

Por otro lado, la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, dijo que comparten los objetivos de ahorro planteados por el Gobierno aunque se toman la reforma con «cautela». El PSOE rechazará lo relacionado con recortes de servicios democráticos y órganos de control. José Luis Centella, de IU, señaló que el Ejecutivo «vuelve a utilizar la excusa de la reducción del gasto público para recortar la democracia».

(Nota de prensa La Moncloa)