‘Jueces dopados’, opinión de Javier Astasio

Hubo un tiempo, allá por loso sesenta en que la guerra fría, con un tablero bloqueado en Europa, se dirimía en guerras de terceros y también en otras guerras menos cruentas, pero no por ello menos trascendentes. Una de esas guerras es la tan manida «carrera espacial» que, cuando pasó a ser una «guerra de las galaxias» en toda regla, trajo la caída del muro y el hundimiento del bloque del Este. La otra, una guerra sorda llena de víctimas, se libraba en  pistas de tartán y piscinas, en campeonatos y juegos olímpicos.

Esta última fue una guerra en la que los países tras el muro se jugaban el prestigio de su modelo de paraíso, con heroicos trabajadores del deporte, esforzados hombres y mujeres, capaces de llegar más alto, más lejos y más rápido que los corrompidos occidentales. Pero, con el tiempo supimos que tal esfuerzo no era sólo de los héroes, hombres y mujeres, y que tampoco era sólo esfuerzo. Acabamos por saber que quienes acompañaban y cuidaban de tan esforzados trabajadores del deporte no velaban por su salud y su técnica, sino que les dopaban con drogas, anabolizantes, hormonas y otras muchas sustancias aberrantes, para multiplicar su resistencia y deformar su cuerpo y a veces su mente, en pos de los triunfos que reforzaban la imagen de sus gobiernos.

Salvadas las distancias y con la debida prudencia, me atrevo a decir que algo así es lo que acabamos de descubrir a través del diario EL PAÍS que ha estado sucediendo con algunos jueces madrileños que, de un modo u otro, estaban siendo distinguidos y premiados por el gobierno madrileño con la designación para una serie de trabajos e informes pagados, unas veces por la multinacional INDRA y otras por el propio gobierno de González, para llevar a cabo una serie de trabajos y reuniones que, de natural, deberían corresponderle a la administración o a los órganos de gobierno de la Justicia en Madrid, pero nunca a jueces en ejercicio, que podrían llegar a sentirse obligados con la mano que tan generosamente les paga.

Cómo no sospechar de cualquier decisión que adopten estos jueces en relación con la multinacional con los miembros del gobierno madrileño o su partido. Sería tanto como pensar que el niño al que el maestro encarga el borrado de la pizarra y el diario suministro de tiza no goza, al menos, de sus simpatías.  Lo lógico sería establecer entre los alumnos un turno para ello o que un bedel, un propio que dicen los castizos madrileños, se encargase de ello, para no levantar sospechas o para que, en todo caso, el alumno señalado cargue con un trabajo y una responsabilidad que no le corresponden, al menos en exclusiva.

La grandeza de la justicia es la de que quien la administra tiene sus ingresos y sus responsabilidades regladas para que, no sólo todos seamos iguales ante la ley, sino para que podamos esperar que los que nos la acabarán administrando sean también iguales o, cuando menos, igual de neutrales respecto a nuestra causa. Por eso resulta poco estético y muy sospechoso que se haya encargado a unos jueces y no a otros la realización de una serie de trabajos para la empresa encargada de mejorar el soporte informático de la administración de justicia en Madrid, una empresa que cobra, y supongo que bien, por el encargo. Pero no menos sospechoso es que nueve de esos jueces cobren además dietas por su asistencia a las reuniones de un llamado comité permanente para el seguimiento del trabajo que fue encargado a la empresa INDRA.

Lo siento pero una de las garantías que caracterizan al Estado de Derecho es la separación de poderes y, si se establecen concomitancias, más si son pecuniarias, entre el poder ejecutivo y el judicial, podemos llegar a  pensar que algunas decisiones de esos jueces, absolviendo o condenando a sus pagadores o a sus amigos, ya hay algunas difíciles de explicar, son el resultado de ese dopaje del que hablamos.